Una pregunta que debería ser recurrente en estos días, pero que no muchos se hacen, es hacia adónde apunta la política económica oficial en términos de sus objetivos fiscales.Por un lado, queda clara la intención de reducir el déficit fiscal financiado con el BCRA, en tanto el equipo económico ha diagnosticado que deben atacarse las causas monetarias de la inflación. Por el otro, sin embargo, se demuestra cierta urgencia para llegar a un acuerdo con los holdouts a fin de recuperar el crédito externo, lo que permitiría mayor espacio fiscal y una convergencia más lenta de las decisiones presupuestarias. Las señales definitivas, por tanto, no parecen fáciles de identificar.
Queda claro que las decisiones en materia fiscal no buscan una reducción brusca del déficit, hecho que es consistente con el término "gradualismo" con que varios analistas han definido la política económica en marcha.
La suba de tarifas es hasta ahora la política con mayor impacto en las cuentas públicas, pero además de tener un objetivo fiscal, tiene el propósito de corregir precios relativos para que las decisiones de familias y empresas sean más eficaces.
Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno ha decidido anunciar un aumento a jubilados (que no cambia la dinámica de ajuste anterior), y el acuerdo salarial con los docentes finalizaría con un ajuste elevado. Los reclamos de las provincias también parecen apuntar hacia una mayor disposición de gasto del Tesoro Nacional.
Estas idas y vueltas en materia fiscal quizás tengan su explicación en un dilema que el gobierno enfrenta en el comienzo de su administración. La inflación es todavía alta, y la actividad económica todavía es baja. Seguramente las decisiones que observamos reflejen la intención de resolver los dos frentes al mismo tiempo, a riesgo de perder puntos políticos.
Nota
Queda claro que las decisiones en materia fiscal no buscan una reducción brusca del déficit, hecho que es consistente con el término "gradualismo" con que varios analistas han definido la política económica en marcha.
La suba de tarifas es hasta ahora la política con mayor impacto en las cuentas públicas, pero además de tener un objetivo fiscal, tiene el propósito de corregir precios relativos para que las decisiones de familias y empresas sean más eficaces.
Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno ha decidido anunciar un aumento a jubilados (que no cambia la dinámica de ajuste anterior), y el acuerdo salarial con los docentes finalizaría con un ajuste elevado. Los reclamos de las provincias también parecen apuntar hacia una mayor disposición de gasto del Tesoro Nacional.
Estas idas y vueltas en materia fiscal quizás tengan su explicación en un dilema que el gobierno enfrenta en el comienzo de su administración. La inflación es todavía alta, y la actividad económica todavía es baja. Seguramente las decisiones que observamos reflejen la intención de resolver los dos frentes al mismo tiempo, a riesgo de perder puntos políticos.
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