Síndrome del amparo anti-tarifazo: ahora el Gobierno teme el riesgo de la judicialización de sus políticas

Con el anuncio de los topes a las tarifas de gas, el Gobierno buscó una alternativa para evitar judicializar un tema sensible como son los servicios públicos esenciales. El costo fiscal de esta medida representa unos $2.250 millones, cifra que no pagarán los usuarios y que pasará a ser una erogación estatal.
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